Estudiar derecho implica subirse a un árbol lleno de ramas y ramificaciones. Algo similar a lo que sucede en la medicina, donde siempre se puede especializar en algo más. Los abogados pueden ser abogados o abogados especializados en multitud de cosas. Hoy toca el turno del derecho concursal, que no consiste en el derecho que podemos tener todos a concursar en algo. Esta rama del derecho se encarga de regular la actividad de los deudores y acreedores que se encuentran en situación de insolvencia. Se desarrolla en el ámbito concursal, en el contexto de un procedimiento en que se pretende garantizar una solución justa para los acreedores.

Dicho así, no entendemos nada, por lo que lo explicaremos de otra manera: cuando una persona o empresa no puede hacer frente a sus pagos, se considera que está en una situación de insolvencia. En este escenario, mucho más habitual de lo que pensamos, es necesario que se actúe de forma legal con rapidez. En este punto, entra en escena el derecho concursal, la rama del derecho creada para proporcionar soluciones legales ante la imposibilidad de hacer el pago de una deuda.

La insolvencia puede afectar a empresas y particulares por igual, por lo que resulta importante actuar con el conocimiento y el respaldo legal necesarios para evitar que se produzcan consecuencias de mayor importancia o gravedad. El objetivo principal de esta rama del derecho es proporcionar un marco legal adecuado para que estas situaciones puedan ser gestionadas de forma ordenada. Mediante un procedimiento judicial conocido como concurso de acreedores, se pretende proteger los intereses del deudor y sus acreedores de forma justa. Se trata, por lo tanto, de evitar la ejecución individual y obtener una solución colectiva en la que se incluyen quitas, esperas y liquidación ordenada del patrimonio del deudor.

La complejidad de la disciplina

Entramos en un despacho multidisciplinar con especialización en temas mercantiles, como es el caso del derecho concursal, para conocer desde dentro en qué consiste. El despacho Calero García Perea Abogados, especializado en todo lo mercantil, los contratos bancarios y la protección al consumidor, entre otras ramas, nos explica que el derecho concursal es una disciplina de lo más compleja, debido a que abarca una gran cantidad de temas relacionados con la insolvencia. Lo que incluye la constitución de juntas de acreedores, ejecutar una auditoría de la deuda, determinar su cuantía, liquidar los activos, tratar la deuda preconcursal, negociar los acuerdos con los acreedores, establecer un plan de pagos, un procedimiento de quiebra y otra serie de cuestiones relacionadas.

El derecho concursal regula el tratamiento de los bienes del deudor. Aspectos como determinar la propiedad de los bienes, la gestión de los activos, el establecimiento de una estructura de pago, determinar quién tiene prioridad en el cobro de los activos y distribuir los bienes entre los acreedores forman parte de los procesos concursales. Igualmente, es importante destacar que el derecho concursal establece una serie de responsabilidades tanto para los deudores como para los acreedores, dentro de las cuales se incluyen el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos, la presentación de los documentos que sean necesarios y el deber de cooperar para llegar a un acuerdo entre las partes.

La función de un abogado concursal incluye el desempeño de una amplia variedad de funciones, destinadas a ayudar a sus clientes a salir de la crisis financiera en la que se encuentran. Dentro de sus funciones se incluyen:

• Ayudar a los clientes a que preparen y presenten la correspondiente propuesta de reestructuración a los acreedores.
• Realizar una evaluación financiera con la que determinar la capacidad de pago de los clientes.
• Asesorar a los mismos sobre el alcance que tiene la ley de insolvencia.
• Ayudar a sus clientes a que negocien los acuerdos de reestructuración con los acreedores.
• Asesorar a los clientes en todo lo relativo a los derechos y responsabilidades que tienen los acreedores.
• También puede ayudar a sus clientes a que presenten una solicitud de declaración de insolvencia y presenten el caso ante los tribunales.

Dada la naturaleza y complejidad de la ley de insolvencia, estos abogados deben contar con una amplia experiencia dentro de esta área del derecho en particular. Tienen que estar familiarizados con los procedimientos de insolvencia que se pueden realizar, los requisitos de los acreedores y sus derechos. Lo más adecuado es que posean experiencia en la negociación de los acuerdos de reestructuración con los acreedores.

Los abogados concursales proporcionan una ayuda de gran importancia a los clientes que se encuentran en una situación de crisis financiera. Aportan asesoramiento legal sobre los procedimientos de insolvencia que se pueden seguir y ayudan a sus clientes a que preparen y presenten una propuesta de reestructuración para los acreedores, negocian los acuerdos de la reestructuración y asesoran a los clientes sobre sus derechos y responsabilidades.

Contar con un abogado concursal es fundamental para afrontar un proceso de insolvencia, donde ejercerá las funciones mencionadas, preparará y presentará la solicitud del concurso, negociará con los acreedores, representará a su cliente en el juzgado y propondrá otras soluciones como el preconcurso o los acuerdos extrajudiciales.

Cómo se regula el derecho concursal

En nuestro país, la normativa que regula esta materia es el Real Decreto Legislativo 1/2020, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, reformada en varias ocasiones, siendo la más reciente la Ley 16/2022. La entrada en vigor de esta nueva ley, tras una larga y densa tramitación, implica la adaptación de la ley española a la directiva europea sobre la insolvencia, sustituyendo al Real Decreto Legislativo citado. Esta ley surge a consecuencia de la necesidad que existe para agilizar los trámites que implican las fases del proceso concursal, además de incrementar la seguridad y las garantías del sistema de insolvencias en nuestro país. Todo ello con el objetivo final del interés común y para facilitar los acuerdos entre acreedores, minimizando los efectos de los conflictos de intereses que se suelen producir.

Los aspectos más relevantes de esta nueva ley incluyen los planes de reestructuración para actuar antes de los efectos de la insolvencia, con lo que se garantiza una reestructuración preventiva para las empresas que permite que puedan seguir con su actividad. Todo esto ante la posibilidad real de una insolvencia que se trata de evitar y controlar.

También incluye los procedimientos de insolvencia únicos para las microempresas, con regulaciones y preceptos específicos para que las microempresas y entidades del pequeño comercio puedan iniciar el proceso concursal por la vía telemática y dirijan como es necesario su situación de insolvencia junto a las cuestiones preconcursales. Estas novedades constituyen un gran beneficio para las microempresas, sobre todo porque la presentación de los formularios y documentos por vía telemática supone un ahorro de tiempo para todas las partes implicadas, además de agilizar los trámites.

La reforma del procedimiento de segunda oportunidad supone que la nueva ley amplíe las deudas que pueden ser exoneradas con la Ley de Segunda Oportunidad y la posibilidad de ejecutar el proceso sin que exista liquidación previa por parte del deudor. Con lo que el deudor puede conservar su vivienda y otros elementos, junto con los activos empresariales que le permiten seguir con su actividad.

Con los preceptos que establece esta nueva ley, los acreedores pueden acelerar los procesos, además de obtener mayor implicación por parte de los socios de la empresa deudora, lo que facilita la valoración de la deuda. Otro elemento que contribuye a que el proceso concursal se realice con mayor eficacia y agilidad es la sustitución de la junta de acreedores por un simple escrito. Si se demuestra la mala gestión del administrador concursal o el proceso dura más de un año por causas a él imputables, se le puede reducir su retribución.

Antes de concluir, hemos hablado de insolvencia, pero no hemos definido el concepto, lo que resulta indispensable dentro de esta rama del derecho. La insolvencia se refiere a la imposibilidad de cumplir de forma regular con las obligaciones económicas. Existen dos tipos: la actual, que se produce cuando el deudor ha dejado de pagar, y la inminente, cuando se prevé que en un corto periodo de tiempo no podrá hacerlo.

Los indicadores de que se va a producir insolvencia son el aplazamiento de los pagos frecuentes, la acumulación de deudas fiscales y con los proveedores y la falta de liquidez a la hora de cubrir los gastos operativos. Detectar estos signos es indispensable para poder evitar un empeoramiento de la situación.

Cuando se produce esta situación, se puede solicitar el concurso de acreedores de forma voluntaria por el propio deudor o de forma necesaria por parte de un acreedor. Las situaciones que lo justifican son el incumplimiento de las obligaciones con vencimiento inmediato, los fallos judiciales con impacto económico y los bloqueos financieros por embargos. Solicitar el concurso de acreedores a tiempo puede marcar la diferencia entre poder recuperar la actividad de la empresa o tener que proceder a su liquidación por completo.

En definitiva y como podemos ver, el derecho concursal es más que un conjunto de leyes; se trata de una herramienta legal con la que se pueden resolver de forma justa las situaciones de insolvencia.